SOLICITAN INMEDIATA INTERVENCION PARA QUE SE CUMPLA CON LA LEY ANTIDOPAJE VIGENTE

 Don Guima tuvo acceso al documento enviado por Propietarios, la Gremial y Vareadores al Ministro Etchevere. El texto es el siguiente.

 


Al Señor Ministro de Agroindustria
Luis Miguel Etchevere
Su Despacho
De nuestra mayor consideración:

 

Eduardo Ferro, Jorge Valdivieso, Secretario General y  Secretario adjunto de Asociación Gremial profesionales del Turf, Fernando Profeta y Ricardo Alarcón, Secretario General y Secretario Adjunto de la Sociedad Gremial de Variadores, y Rafael Pascual, Mariano Fragueiro Frias, Secretario y Presidente de la Asociación de Propietarios de Caballos de Carrera, constituyendo domicilio en Ayacucho 2183, de ésta Ciudad Autónoma, nos presentamos ante el Señor  Ministro y respetuosamente le peticionamos que ordene dar  cumplimiento con lo dispuesto por la Ley 27.434 -régimen jurídico 

para la prevención del dopaje en el deporte-, publicada en el Boletín  Oficial el 12 enero de 2018.
La jurisdicción del Ministerio de Agroindustria de la Nación
para intervenir en el dopaje de animales deportivos, se encuentra
establecida en la Ley 27.434, modificatoria de la Ley 26.912 que, a su vez,
derogó las Leyes 24.819, 25.387, 25.942 y toda norma que se opusiera a
aquella.


En efecto, la norma citada -con meridiana claridad- en el
artículo 18 establece: “EL MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, a
través del área competente, actuará como organización nacional
antidopaje para la prevención y el control del dopaje de animales que
participen en competencias deportivas. Debe publicar las listas de
sustancias y métodos prohibidos para animales que participen en
competencias deportivas en el Boletín Oficial de la República Argentina,
mediante resolución”.
El carácter especial del mencionado régimen implica la
derogación de todas aquellas otras normas anteriores y de menor o igual
jerarquía (decretos y disposiciones, inclusive los reglamentos generales de
caballos de carrera).
La normativa vigente tiene como objetivos la prevención del
dopaje, sobre la base del principio del juego limpio y la protección de la
salud de los que participan en las competencias -artículo 1º-.
Como condición para recibir apoyo financiero o de otra
naturaleza por parte del Estado –como es el caso del turf -, señala que se
deben ajustar al espíritu y términos de los programas nacionales antidopaje
y del régimen por esta ley -artículo 2-.
Como señaláramos, la Ley 27.434 confiere al Ministerio de
Agroindustria la competencia de la organización nacional antidopaje para
la prevención y el control de animales que participen en competencias
deportivas, escenario que no se verifica actualmente en ninguno de los
hipódromos oficiales, entre los que se encuentra el Hipódromo Argentino.

de Palermo, cuya Comisión de Carreras adopta deliberadamente
atribuciones que el ordenamiento legal otorga de forma exclusiva al Poder
Ejecutivo Nacional,
Señor Ministro, el control del dopaje constituye uno de los
pilares sobre los que se sustentan las carreras de caballos autorizadas por el
estado Nacional y las Provincias que la componen.
Las apuestas reglamentadas que involucra el público
espectador, imponen la máxima transparencia de la actividad y el dopaje
constituye una de las conductas disvaliosas que incide de manera negativa
en los resultados de las competencias.
Además, la importancia del control del dopaje radica -sin
dudas- en la necesidad que se disputen carreras oficiales libres de dopaje, y
tiene también por objeto proteger al bienestar animal, promover la salud de
la especie y garantizar la equidad y la igualdad de todos los participantes
del espectáculo.
Por todas estas razones, es responsabilidad del Ministerio a
su cargo, de conformidad a la ley vigente, asegurar la armonización de los
reglamentos, la coordinación de los programas contra el dopaje orientados
a la detección, disuasión y prevención del flagelo de la estimulación
mediante drogas.
Mediante múltiples presentaciones se ha recusado a la
Comisión de Carreras del Hipódromo Argentino de Palermo, actualmente
de manera irregular, a cargo del control del doping. Comisión de
Carreras carece
de jurisdicción para decidir en los sumarios de doping  es justamente por ese motivo que se solicita la inmediata intervención del
Ministerio a su cargo.
La ley antidopaje vigente, cuyo cumplimiento se reclama,
recepta los principios más evolucionados en materia de control antidopaje
y también respecto a la sustanciación de actuaciones disciplinarias. La ley
aplicable cobija las garantías que deben respetarse en todo proceso
disciplinario, como lo son la imparcialidad de los juzgadores, el derecho a
la sustanciación de la prueba y el acceso a la jurisdicción,
Por el contrario, los distintos reglamentos generales de
carrera trasgreden las más elementales garantías consagradas por las
Constitución y los tratados internacionales aceptados por los sistemas
republicanos de gobierno.
Una de las garantías fundamentales reconocidas por la
Convención Americana de Derechos Humanos fue adoptada por la ley
recientemente promulgada. Sin embargo, resulta avasallada en el
Reglamento General de Carreras utilizado por las autoridades del
Hipódromo de Palermo. Nos referimos al derecho del sumariado a la
imparcialidad del tribunal juzgador.
Tan anacrónico es el reglamento aplicado en la Ciudad
Autónoma, que establece: “La Comisión de Carreras será órgano de
fiscalización, juzgamiento y apelación en las materias regladas en el
Reglamento General de Carreras“; comprobar que en pleno Siglo XXI y
viviendo en un Estado de Derecho haya un ejemplo tan claro y burdo de
parcialidad en un tribunal sancionador nos hace remontar a la oscura época
de la Inquisición (1478) o incluso a los tiempos del Emperador Julio Cesar
(44 A.C.).
Todos los Reglamentos Generales de Carreras que rigen los
hipódromos concentran las funciones de (i) investigar, (ii) imponer la
sanción y (iii) resolver la apelación.
Sistemáticamente se solicitó la inconstitucionalidad de
todas las normas que concentren la función de fiscalizar y sancionar, en
tanto resulta violatoria del derecho a la imparcialidad del juzgador
garantizado por la Constitución Nacional y forma parte del debido proceso
legal (arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional).
La normativa de los reglamentos, en tal sentido, es
incompatible con la obligación de asegurar una “justicia imparcial” en los
términos de los artículos 18 de la Constitución Nacional, 8.1 de la
Convención Americana y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos.
La persona que investiga o controla no puede decidir sobre
la sanción del caso, toda vez que esta acumulación de funciones se
contrapone al principio republicano de división de poderes, y puede generar
en el sumariado dudas razonables acerca de la posición de neutralidad de
quien lo va a juzgar en el caso, luego de haber recopilado e interpretado
prueba en su contra para incorporarlo al sumario primero, y notificarlo para
formular el descargo después.
De tal suerte, es posible advertir en el caso del Turf, una
lesión al principio de imparcialidad administrativa (y, consiguientemente, al principio del debido proceso) si las Comisiones de Carreras de cada uno
de los hipódromos oficiales son los únicos órganos administrativos que
intervienen en la imposición de las eventuales sanciones. Máxime cuando
no se prevé una revisión amplia del caso por parte de un órgano
jurisdiccional, tal como lo recepta el nuevo régimen antidopaje.
Como se dijera antes que ahora, es el artículo 18 de la Ley
27.434 el que confiere al Ministerio de Agroindustria la competencia como
organización nacional antidopaje para la prevención y el control del dopaje
de animales que participen en competencias deportivas, escenario que no
se verifica en la actividad hípica, en el cual las Comisiones de Carreras
toman deliberadamente atribuciones que el ordenamiento legal otorga de
forma exclusiva al Poder Ejecutivo Nacional.
Tiene dicho nuestra Excma. Corte Suprema de Justicia de la
Nación que “Tratándose de leyes sucesivas, que legislan sobre la misma
materia, la omisión en la última, de disposiciones de la primera, importa
seguramente dejarlas sin efecto, cuando la nueva ley crea -respecto de la
cuestión de que se trata - un sistema completo, más o menos diferente del
de la ley antigua” (“Estado Nacional /Ministerio de Economía - Secretaría
de Industria- c/ Massey - Ferguson Argentina S.A. s/ cobro de pesos”, rta.
10 de diciembre de 1997).
De allí que la competencia para entender en este proceso es
exclusivamente del Ministerio de Agroindustria y no de las Comisiones de
Carreras de los Hipódromos, aún respecto del Hipódromo capitalino que por la delegación de funciones de LOTBA interviene en su calidad de
concesionario de Palermo.
En todo proceso administrativo sancionador deben ser
respetadas las garantías establecidas en el régimen procesal penal y en los
tratados de Derechos Humanos
En así, que a diferencia de los Reglamentos Generales de
Carrera, el artículo 105 de la ley antidopaje vigente establece expresamente,
que es admisible la prueba testimonial, confesional y todo otro medio de
prueba que, a criterio del tribunal, resulte pertinente.
Ello pués, el régimen jurídico honra las garantías relativas
al proceso penal, las que deben ser respetadas en el marco de infracciones
regidas por el derecho administrativo o cualquier otra rama del derecho.
Dejar librado el poder punitivo al derecho administrativo,
disminuye la seguridad jurídica en una materia cotidiana, más cercana al
justiciable y a la convivencia con sus pares que la de los ilícitos. Si se va
en contra de esta idea, se caería en la paradoja de que los individuos
contarían con mayores garantías cuanto más alejada de su vida diaria fuese
la situación de conflicto.
También el régimen jurídico para la prevención del dopaje,
perfeccionada a iniciativa del gobierno, en línea con la aplicación de las
garantías del proceso penal al derecho administrativo sancionador,
expresamente prevé el acceso a la jurisdicción, a diferencia de los
Reglamentos Generales de Carrera que dispone que las resoluciones de la
Comisión de Carreras son inapelables.
En el artículo 87 establece que es competente el Juzgado
Contencioso Administrativo Federal de turno y la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en el
incumplimiento, nulidad o aclaratoria respecto al pronunciamiento sobre el
doping.
La ley introdujo una garantía reconocida universalmente. Es
claro que por imperio del precepto contemplado en el art. 75 inc. 22 de la
C.N., existen un conjunto de "garantías mínimas" entre las cuales se
encuentra el derecho al recurso, o a la doble instancia, o al "doble
conforme".
Resulta claro, entonces, que la prerrogativa a recurrir el fallo
sancionatorio configura una garantía que hace al derecho de defensa en
juicio, y, por ende, constituye uno de aquellos contenidos mínimos que el
régimen procesal debe proveer a favor del justiciable, a fin de que dicho
sistema sea constitucionalmente aceptable.
En suma, entendemos que el Señor Ministro no puede
postergar ni un instante el cumplimiento de lo dispuesto en el Régimen
Jurídico Antidopaje, regulado por la Ley 23.473. De adverso, cualquier
inactividad podría ser interpretada con un incumplimiento funcional,
que descartamos no está en el espíritu de ningún representante del
Poder Ejecutivo.
Sin otro particular, a la espera de una urgente respuesta,
lo saludamos muy atentamente.