POR LA MUERTE DE UN JOCKEY, MENDOZA DEBERÁ PAGAR UNA SUMA MILLONARIA

Un artículo publicado en SitioAndino.com da cuenta de la resolución judicial del caso que involucró al jockey Ramón Ochoa, fallecido tras un accidente sufrido en el hipódromo en 2011. La nota de Pablo Segura cuenta lo siguiente:



El Octavo Juzgado Civil de nuestra provincia condenó al estado provincial, a través del Instituto de Juegos y Casinos, a pagarle más de un millón de pesos a la esposa de un jockey que falleció al sufrir un accidente en una carrera de turf en el hipódromo de Mendoza.

 

Para la jueza María Eugenia Guzmán, el estado es responsable de la muerte de Ramón Ochoa al ser el organizador de una actividad deportiva riesgosa de la cual tiene ganancias económicas.

 

Además, durante la investigación del caso el Instituto Provincial de Juegos y Casinos, organizador del evento, no pudo demostrar que el accidente se originó por culpa de Ochoa o algún tercero.

 

El hecho en cuestión ocurrió el 30 de octubre del 2011, cuando se corría el "Clásico Jockey Club" en el Hipódromo de Mendoza.



Pasadas las 17 de ese día, se corría la décima carrera denominada "Clásico Félix Rosales", con una distancia de 320 metros.

 

Sin embargo, esa competición iba a terminar en tragedia. En los metros finales el equino "Zacarías" golpeó con su cabeza al jinete Ramón Ochoa, quien como consecuencia de esto perdió el equilibrio y cayó al piso.

 

Peor aún, en esa caída el jockey fue golpeado por el caballo, sufriendo heridas en la nuca y cabeza.

 

A raíz de esto fue llevado de urgencia al hospital Central, donde ingresó con un traumatismo de cráneo grave, quedando internado en estado delicado.

 

En esas condiciones permaneció hasta el día siguiente, cuando lamentablemente falleció producto de las heridas que había sufrido en el accidente.

 

Ochoa vivía de la actividad hípica y turística, en tanto que participaba activamente de carreras de caballos organizadas y administradas por el Instituto Provincial de Juegos y Casinos.

 

Sus ingresos eran los únicos que tenía el matrimonio, por lo que la mujer inició acciones legales al estado. Desde ahí se inició una investigación en la que la jueza Guzmán le dio la razón a la denunciante.

 

La magistrada destacó que el Estado, en este caso a través del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, tiene responsabilidad "como ente administrador y explotador del Hipódromo de Mendoza y, en ese carácter, promotor de la actividad deportiva riesgosa que allí se desarrolla, con la cual lucra".

 

En base a esto, en el fallo quedó plasmado que el mismo "tiene la obligación de preservar y garantizar la seguridad de quienes participan de esas competencias, porque la simple comprobación de la ocurrencia del hecho dañoso genera la responsabilidad objetiva del estado como organizador de las carreras de caballos que se desarrollan en el Hipódromo de Mendoza".

 

Guzmán aclaró que "únicamente se podrá liberar de la responsabilidad, total o parcialmente, mediante la prueba de la culpa de la víctima o de un tercero".

 

Y en base a esto, destacó que el Instituto de Juegos y Casinos "no aportó ninguna prueba que le permita a la accionada eximirse de la responsabilidad que se le endilga como organizadora".